Rocío San Miguel permanece detenida en Venezuela desde febrero de 2024. Desde medios afines al gobierno venezolano se han lanzado bulos sobre su figura con el evidente propósito de crear una imagen distorsionada sobre la figura de la detenida y la circunstancias de su caso. La organización no gubernamental venezolana Cazadores de Fake News estudió esos casos de desinformación y ha tenido la gentileza de autorizarnos su redifusión. Os invitamos a conocer su admirable trabajo en un panorama informativo tan complicado como el de Venezuela.
El caso de Rocío San Miguel
El 9 de febrero de 2024 fue detenida en el aeropuerto venezolano de Maiquetía la abogada y activista Rocío San Miguel, conocida por su labor al frente de la organización Control Ciudadano. Rocío San Miguel se había distinguido durante largo tiempo por su labor de investigación sobre las fuerzas armadas venezolanas, siendo por ello un referente internacional sobre el tema. Su paradero fue desconocido durante días y su caso fue considerado una desaparición forzada, por lo que un miembro del equipo jurídico que se encarga de su defensa interpuso un procedimiento de habeas corpus. Se da la circunstancia de que Rocío San Miguel tiene doble ciudadanía venezolana y española.
Finalmente, Rocío San Miguel fue ubicada en el Helicoide, un antiguo centro comercial ubicado en una colina de Caracas que sirve de cuartel general para el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). El Helicoide se ha convertido en un sitio de siniestra fama por el tratamiento que en él sufren los opositores al gobierno venezolano. La propio Rocío San Miguel sufrió en él una fractura y su entorno ha reclamado que reciba la atención médica y la posterior rehabilitación fisioterapéutica necesaria. La primera foto de Rocío San Miguel publicada después de su detención fue compartida por la abogada Tamara Sujú el día 11 de diciembre de 2024 en la red social X.
#Venezuela: el Régimen criminal exhibe las primeras imágenes de la Abogado y Defensora de DDHH Rocío San Miguel. luego de cumplir 10 meses arbitrariamente detenida en el #SEBIN. Rocio presenta una fractura en el hombro que ya tiene algún tiempo, y no había sido atendida.… pic.twitter.com/6jbJ2Jm2Bt
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) December 11, 2024
Según la justicia venezolana, Rocío San Miguel se enfrenta a cargos de “Traición a la Patria”, “Conspiración” y “Terrorismo”, entre otros. El fiscal general de República, Tarek William Saab, la vinculó en una publicación de la red social X con una “trama conspirativa y de intento de magnicidio” conocida como “Brazalete Blanco”. Tras varios aplazamientos, el comienzo del juicio está previsto para el próximo día 31 de marzo de 2025. [Véase una cronología de su caso en la página web de Acceso a la Justicia, observatorio venezolano de la justicia].
Una campaña contra su reputación y legitimidad.
Para el 11 de febrero de 2024, la etiqueta #RocíoNoEsSanta se difundió ampliamente en la red social X desencadenando una serie de acusaciones infundadas y ataques dirigidos en contra de Rocío San Miguel. Sin embargo, lo que podría parecer una tendencia aleatoria en la red social, dejaba ver una estrategia elaborada.
La campaña coordinada en contra de San Miguel se desplegó en varias etapas y contó con la participación de diversas subredes de cuentas vinculadas al oficialismo venezolano. Durante las primeras horas de la tarde, la etiqueta #RocíoNoEsSanta fue promovida de manera coordinada y acompañada de una narrativa que la asociaba con una presunta trama conspirativa llamada “Brazalete Blanco” que incluía un intento de magnicidio de Nicolás Maduro.
La campaña inició sin la etiqueta alrededor de la 1:00 p. m., cuando el ex comunicador CLAP, Ernesto Meléndez; el conductor de Zurda Konducta, Pedro Carvajalino; y Roigar López, comunicador asociado al Movimiento Free Alex Saab tuitearon en contra de Rocío San Miguel.
Luego, a la 1:26 p. m., Carvajalino publicó un tweet con una imagen asegurando que San Miguel tenía orden de captura desde enero 2024. Ese tweet fue editado para agregar la etiqueta #RocíoNoEsSanta un minuto después y es en ese momento cuando comienza a usarse la etiqueta en la campaña coordinada.
Se publicaron más de 170 tweets originales en las primeras dos horas, amplificados con miles de retweets y apoyados en la publicación de memes, con un objetivo evidente: estigmatizar y difamar a San Miguel, justificar su detención arbitraria y hacer contrapeso a las denuncias que periodistas y otros activistas de derechos humanos hacían sobre su desaparición forzada.
En el grafo elaborado por Cazadores de Fake News de la campaña de estigmatización, el color magenta representa a las relacionadas con la operación de influencia que promovió la liberación de Alex Saab, algunas de las cuales cuentan con suscripción a X Premium. El color rosa representa las publicaciones realizadas por el usuario Ernesto Meléndez promoviendo la etiqueta.
Nueva campaña, viejas caras.
No es la primera vez que figuras vinculadas al oficialismo venezolano se ven envueltas en campañas de desinformación y difamación. Pedro Carvajalino @PedroKonductaz, conductor de Zurda Konducta —un talk show de propaganda en Venezolana de Televisión— y director de Venezuela News, ha sido señalado repetidamente por promover desinformación y campañas de estigmatización contra periodistas, medios y ONG venezolanas.
Mientras que el ex comunicador CLAP, Ernesto Meléndez @ernestojmro, había sido denunciado por Cazadores de Fake News en agosto de 2023 por haber intentado explotar la “Ley del Odio” para censurar a Melanio Escobar a través de una de sus cuentas trolls: @RespetoXTodos. En el caso de San Miguel, presumimos que, además de su cuenta personal y la cuenta troll denunciada en 2023, usa una otra cuenta troll: @FuriaDeBolivar.
La trama de esta operación de información va más allá de simples tweets y hashtags. Algunas de las cuentas implicadas tienen relación con la red de influencia que apoyó la liberación de Alex Saab, y otras incluso cuentan con la distinción de X Premium, lo que sugiere un nivel de organización y respaldo institucional.
Otras cuentas identificadas también comparten enlaces al Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), una institución venezolana encargada de la captación y promoción de inversión nacional e internacional, la evaluación, aprobación y promoción de proyectos productivos, y la gestión de la Marca País. Alex Saab es el actual presidente del CIIP.
El video delator.
La filtración de un video interno del Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela, que circuló justo después del inicio de la campaña de estigmatización, revela aún más detalles sobre la maquinaria de contrapropaganda y desinformación que se activó no solamente en torno a la desaparición forzada de Rocío San Miguel, sino a otros temas de interés para el gobierno venezolano.
En el video, titulado “Reporte Monitoreo RRSS” y publicado al final del mismo día de la campaña, se identifican temas de interés para el gobierno, junto con voceros «positivos» y «negativos», también se mencionan sus «pilares mediáticos» y se ofrecen recomendaciones específicas para la creación de contenido, incluyendo el uso de memes.
Entre los temas de interés identificados en el vídeo, se destaca el anuncio sobre la detención de Rocío San Miguel por parte del Ministerio Público, pero también otros temas del día como una supuesta campaña en contra de Venezuela financiada por la Exxon Mobil y una declaración de Miguel Henrique Otero, director de El nacional, en contra de Nicolás Maduro.
Lo anterior sugiere una coordinación directa entre las autoridades y cuentas en redes sociales, que precisamente coinciden con la campaña de estigmatización en contra de Rocío San Miguel. Del mismo modo, el contenido creado en contra de la activista de derechos humanos responde a las recomendaciones mencionadas en el vídeo.
Ver esta publicación en Instagram
En la campaña en contra de Rocío San Miguel coinciden, de igual forma, actores que estuvieron presentes hace una semana en una reunión de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, con los los directores de las brigadas de Agitación, Propaganda y Comunicación del PSUV. En la reunión estuvieron presentes el ministro de Comunicación Freddy Ñáñez, Pedro Carvajalino y Alex Saab.
¿Mapas encontrados en casa de Rocío San Miguel prueban que es una terrorista?
Durante una rueda de prensa, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, mostró supuestos “elementos de carácter criminalístico” hallados durante el allanamiento a la residencia de la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Los supuestos elementos probatorios que usó el fiscal para acusar a San Miguel de espía o terrorista son 18 mapas con la demarcación de las Zonas de Seguridad.
La investigación de Cazadores de Fake News permitió documentar que la información es falsa. La abogada Rocío San Miguel, junto a la ONG que preside, Control Ciudadano, ha documentado desde el año 2011 cómo las Zonas de Seguridad han sido usadas para restringir la libre circulación y criminalizar las protestas en toda Venezuela; por lo que no es una evidencia de una supuesta vinculación con delitos como el terrorismo.
Falso: ¿Mapas encontrados en casa de Rocío San Miguel prueban que es una terrorista?@rociosanmiguel y Control Ciudadano han documentado por años las «Zonas de Seguridad» a lo largo del país, porque son utilizadas para «restringir la libre circulación y criminalizar el derecho a… https://t.co/VKKQzFon93 pic.twitter.com/Y9zY52HEMV
— Cazadores de Fake News (@cazamosfakenews) February 19, 2024
Las Zonas de Seguridad son áreas establecidas por el presidente de la República y cubren aproximadamente el 32,33% del territorio nacional. Al estar sujetas a la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación, se utilizan para limitar la libertad de movimiento y para arremeter en contra de quienes protestan. Al menos desde agosto de 2018 hay registros públicos que dan cuenta del trabajo de documentación que la ONG Control Ciudadano y, específicamente, su presidenta Rocío San Miguel, han hecho respecto a las Zonas de Seguridad y las restricciones a sus alrededores.
Desde Control Ciudadano le invitamos a revisar nuestro boletín informativo, que contiene información sobre el alcance de las 13 Zonas de Seguridad ubicadas en el área metropolitana de Caracas #ObservatorioMilitar https://t.co/TjXO3A972z pic.twitter.com/3il4uPeXWc
— Control Ciudadano (@ovesede) September 1, 2018
Control Ciudadano es una ONG que promueve el derecho de los ciudadanos a ejercer contraloría sobre los sectores de la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional; y cubre denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos. En la página web de la organización se encuentra un enlace directo a todos los trabajos de documentación sobre las Zonas de Seguridad que han hecho, en los que se destacan la creación de mapas de las Zonas de Seguridad decretadas en el área metropolitana de Caracas y cercanías; detalles sobre las Zonas de Seguridad específicas, como la Zona de Seguridad de la Comandancia General de la Armada, la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, etc.; así como contextualización histórica y noticias relevantes sobre las Zonas de Seguridad en Venezuela, que incluyen capturas de paramilitares e información sobre la situación militar en el país.
A través de su página web y redes sociales, Control Ciudadano ha publicado las actualizaciones de sus boletines entre 2018 y 2021 que documentan tanto las Zonas de Seguridad como sucesos que ocurren en ellas. Estos boletines son completamente públicos y constan de 18 artículos sobre «Zonas de Seguridad», principalmente en el área Metropolitana de Caracas; todos firmados explícitamente por «Rocío».
Este trabajo de documentación data del año 2011, cuando a través de su cuenta de Twitter, la propia Rocío San Miguel aseguró que «en Venezuela se han dictado a la fecha 103 zonas de seguridad que abarcan el 34% del país (sic.)». Esta cifra tuvo que haber sido calculada por la organización y, para ello, era imprescindible estudiar todas las Zonas de Seguridad de Venezuela.
En Venezuela se han dictado a la fecha 103 zonas de seguridad que abarcan en 34% del pais
— Rocío San Miguel (@rociosanmiguel) March 3, 2011
¿Dónde hemos visto esos mapas?
Las denuncias de Control Ciudadano sobre el tema de las violaciones al libre tránsito y al derecho de protesta en las Zonas de Seguridad son evidentes y explícitas. Por ejemplo, en enero de 2017 publicaron una carta (mapa), muy similar a las mostradas por Tarek William Saab durante la rueda de prensa del 19 de febrero del 2024, donde se demarca la poligonal de la Zona de Seguridad en el área adyacente a Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta.
Declarada Zona de Seguridad el área adyacente a Direccion de Contrainteligencia Militar en Boleita, con importantes restricciones en 12,9 Ha pic.twitter.com/SbUoCflYX7
— Control Ciudadano (@ovesede) January 13, 2017
Gracias a este trabajo, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y otros organismos de DD. HH. conocen esta problemática. Informes como las Conclusiones detalladas de la misión internacional independiente de investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos o el de Fortalecimiento del Estado de Derecho en Venezuela de la Comisión Internacional de Juristas, citan a Control Ciudadano y sus trabajos sobre las Zonas de Seguridad entre sus fuentes.
De hecho, las cartas (mapas) en blanco y negro en las que Rocío San Miguel realizó su trabajo y que fueron mostradas en rueda de prensa por Tarek William Saab, son de dominio público. Estas pueden ser descargadas de forma gratuita, en escala 1:25000 desde la página del Instituto Geográfico de Venezuela «Simón Bolívar». Y cada una de las «Zonas de Seguridad», tal como aparecen en la rueda de prensa del Fiscal General, están definidas en Gacetas Oficiales, que también son documentos de acceso público. El trabajo de San Miguel consistió en trazar las poligonales en el mapa de acceso público, a partir de las coordenadas descritas en las Gacetas Oficiales.
Al respecto, sólo queda una pregunta: si la información sobre estas «Zonas de Seguridad» es información tan sensible y tan confidencial, ¿por qué Tarek William Saab mostró las poligonales en su rueda de prensa, ante millones de televidentes y a través de Venezolana de Televisión y Telesur?
Los mapas hallados durante el allanamiento de la residencia de Rocío San Miguel y que tienen marcadas las poligonales de las Zonas de Seguridad en Venezuela forman parte de un trabajo de documentación que, durante años, tanto la abogada como Control Ciudadano han hecho públicamente y utilizando fuentes abiertas, por lo tanto, no prueban vínculos terroristas ni de espionaje.
Un secuestro real y una falsa desaparición forzosa.
Un artículo publicado en un portal desinformativo venezolano acusó a la abogada y defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, de haber simulado «una “desaparición forzosa” y un “supuesto secuestro” por bandas criminales» en 2008 en compañía del empresario Eugenio Mendoza. El propósito del artículo era establecer un precedente de una falsa «desaparición forzosa» para distorsionar la naturaleza de la sufrida por Rocío San Miguel en febrero de 2024.
La investigación de Cazadores de Fake News determinó que la información es engañosa. En el incidente referido, los delincuentes dejaron a las víctimas —San Miguel y el empresario Eugenio Mendoza— amarrados a un árbol hasta que fueron encontrados por las autoridades, quienes lo calificaron como un robo.
Según el artículo publicado en Lechuguinos —un portal identificado como desinformante recurrente por Cazadores de Fake News—, en el 2008 Rocío San Miguel y Eugenio Mendoza —hermano de Lorenzo Mendoza, dueño de Empresas Polar—, fingieron una «desaparición forzosa» y un «supuesto secuestro» por bandas criminales para encubrir lo que el portal llama una relación extramarital.
«Aquí le recordaremos a nuestra audiencia que San Miguel en el año 2008 si fingió una “desaparición forzosa” y un “supuesto secuestro” por bandas criminales para evitar que fuera descubierta infraganti con su amante de ese entonces que era Eugenio Mendoza, hermano de Lorenzo dueño deEmpresas Polar (sic.)». Información engañosa publicada por Lechuguinos.
De lo ocurrido el primero de julio de 2008 quedan pocos registros disponibles en línea. Sin embargo, en un artículo publicado en Analitica.com —pero atribuido a Unión Radio—, Sergio González, entonces jefe de la División Antiextorsión y Secuestro del extinto Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), explica que “la doctora Rocío San Miguel, se trasladó con el señor Mendoza a su finca El Capo, en Magdaleno, estado Aragua. Posteriormente estos ciudadanos salieron por un recorrido, y los escoltas al notar que no regresaban procedieron hacer un rastreo localizando el vehículo en que se desplazaban abandonado”.
Mientras que en otro artículo de Últimas Noticias publicado en la web de Control Ciudadano —ONG venezolana fundada por Rocío San Miguel en 2005—se explica que los delincuentes robaron a San Miguel y a Mendoza para luego trasladarlos hacia un lugar apartado a unos 300 metros de la finca, donde los ataron. Al momento en que los escoltas consiguen el vehículo de Mendoza con las puertas abiertas, dan parte a las autoridades y lo denuncian como secuestro.
“Los antisociales los despojaron de sus pertenencias y luego se los llevaron hacia un paraje situado a 300 metros de la finca, donde procedieron a amarrarlos y amordazarlos. Cuando los escoltas del empresario se percataron de que el vehículo en que se desplazaban las víctimas se encontraba con las puertas abiertas, denunciaron la desaparición ante el CICPC de Aragua y el Grupo GAES de la GN”. Control Ciudadano
Luego de la aparición de las víctimas, el caso fue abordado por las autoridades como un robo y no como secuestro.
“El empresario Eugenio Mendoza y la analista internacional Rocío San Miguel fueron víctimas de un robo en Aragua y no de un secuestro, como se sospechaba inicialmente, según se conoció por medio de fuentes del CICPC. Trascendió que se esperaba que el empresario acudiera en el transcurso del día de ayer a la sede de la División contra Extorsión y Secuestros del CICPC, en Caracas, para certificar que fue robado”. Control Ciuddano
De acuerdo con los 3 instrumentos legales que definen en Venezuela la “desaparición forzada”, es necesario que los perpetradores de este crimen representen al Estado o gobierno o que, al menos, se identifiquen como tales, lo que no sucedió en el caso San Miguel-Mendoza ocurrido en 2008, a diferencia de lo que ocurrió con la reciente detención forzada de Rocío San Miguel en 2024.
“La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo, el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco años de presidio. Con igual pena serán castigados los miembros o integrantes de grupos o asociaciones con fines terroristas, insurgentes o subversivos, que actuando como miembros o colaboradores de tales grupos o asociaciones, desaparezcan forzadamente a una persona, mediante plagio o secuestro. Quien actúe tamo cómplice o encubridor de este delito será sancionado con pena de doce a dieciocho años de presidio (sic.)”.Artículo 181-A del Código Penal.
Del mismo modo, en el caso de que las autoridades competentes hubieran comprobado la simulación del robo o secuestro por parte de las víctimas, éstas (San Miguel y Mendoza) habrían sido imputadas por el delito de “simulación de hecho punible”, lo cual no sucedió.
“Cualquiera que denuncie a la autoridad judicial o a algún funcionario de instrucción un hecho punible supuesto o imaginario, será castigado con prisión de uno a quince meses. Al que simule los indicios de un hecho punible, de modo que dé lugar a un principio de instrucción, se le impondrá la misma pena. El que ante la autoridad judicial declare falsamente que ha cometido o ayudado a cometer algún hecho punible, de modo que dé lugar a un principio de instrucción, a menos que su declaración sea con el objeto de salvar a algún pariente cercano, un amigo íntimo o su bienhechor, incurrirá igualmente en la propia pena”. Artículo 239 del Código Penal.
Un secuestro real y una falsa desaparición forzosa.
La desinformación publicada en Lechuguinos, que acusa falsamente a Rocío San Miguel de simular una «desaparición forzosa y secuestro» en 2008, es atribuida por Cazadores de Fake News a Lenín Dávila Guerrero, comunicador vinculado con el oficialismo responsable de múltiples bulos estudiados y desmontados por la organización.
El bulo fue publicado el 15 de febrero de 2024 y en su versión original, estaba firmada por “LENIN” como autor. Posteriormente, la etiqueta fue removida de la publicación, anonimizando su autoría, pero la revisión de los metadatos de la página permite confirmar que su autor es el mismo.
Este hallazgo resalta la importancia de los metadatos web en la verificación de la autoría detrás de contenidos cuestionables.
Lenín Dávila Guerrero no es un actor desconocido en el ámbito de los medios y la política venezolana. De acuerdo con una investigación recientemente publicada por C-Informa, es el vicepresidente de Venezuela News —otro portal desinformante vinculado al oficialismo— y posee el 60% de las acciones de «Agencia VN 2021», C. A., asociada directamente con este portal. Su carrera incluye roles significativos como director de Radio Pequiven 88.7 FM y productor de contenido para la Juventud del PSUV, lo que destaca su estrecha vinculación con el chavismo. Además, ha participado activamente en campañas electorales para figuras oficialistas, como Rafael Lacava, o como productor editorial del libro «Cartas de Alex Saab desde su secuestro».
Un nuevo ataque de género.
Como lo explicamos en el artículo sobre la supuesta denuncia de financiamiento multimillonario de ONG alemana a Delsa Solórzano, acusar a una mujer de tener una relación sentimental o sexual con un tercero y recibir beneficios por ello, constituye un ataque de género. Ambos casos se suman a ataques de género previamente registrados en contra de otras líderes políticas y de la sociedad civil venezolana, mujeres cuyas ideas o acciones pueden resultar incómodas para el gobierno de Nicolás Maduro.
Las acusaciones hechas por el portal desinformativo Lechuguinos en contra de Rocío San Miguel sobre la simulación de una “desaparición forzada o secuestro” proviene de una fuente desinformante recurrente y no está soportada con pruebas, además de que toma un incidente real y lo descontextualiza para generar desinformación. Además, se considera un ataque de género en contra de la presidenta de la ONG Control Ciudadano.
Rocío San Miguel una detención arbitraria y 365 días de desinformación.
El 9 de febrero de 2025 se cumplió un año de la detención de Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, acusada sin pruebas de traición a la patria y terrorismo, basados en su supuesta participación en la conspiración “Brazalete Blanco”. Estas acusaciones han estado acompañadas de un proceso judicial sobre el cual se han denunciado serias irregularidades, como la ausencia de garantías procesales y la falta de atención médica tras una lesión sufrida en prisión.
La detención de Rocío San Miguel ha sido el epicentro de campañas de desinformación diseñadas para desacreditar su labor en defensa de los derechos humanos. Desde Cazadores de Fake News, se han identificado y desmentido las principales falsedades difundidas en torno a este caso.
- No es cierto que Rocío San Miguel fingiera una “desaparición forzosa” en 2008. Esta acusación carece de pruebas. El incidente fue inicialmente calificado como secuestro y luego como robo por las autoridades, ya que no se comprobó la participación del Estado, requisito esencial para hablar de desaparición forzada.
- Los mapas encontrados en su residencia no prueban nexos terroristas. Estos mapas son de dominio público y pueden descargarse del sitio del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar. Desde 2011, junto con datos de gacetas oficiales, han sido utilizados para documentar las «Zonas de Seguridad» en el país.
- La información sobre Zonas de Seguridad no es confidencial. Las coordenadas de las poligonales presentadas como prueba por el Fiscal General están detalladas en gacetas oficiales, accesibles para cualquier ciudadano.
- San Miguel sí fue víctima de desaparición forzada en 2024. Su detención se realizó violando derechos fundamentales, como el de informar inmediatamente sobre el paradero del detenido y el organismo que ejecutó la detención (artículo 44 de la Constitución), además de la obligación de presentarla ante un juez en un máximo de 48 horas (artículo 49). San Miguel permaneció incomunicada durante cinco días, sin acceso a su abogado de confianza en la audiencia, y las condiciones de su detención no fueron registradas públicamente. Estas omisiones configuran el delito de desaparición forzada, según la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.
- Es falso que estuviera legalmente notificada al momento de su detención. Su equipo desconocía la existencia de cualquier orden de captura.
- No es cierto que recibió una ola de repudio espontáneo en redes sociales. Rocío San Miguel fue blanco de una campaña coordinada a través de la etiqueta #RocíoNoEsSanta, promovida por cuentas vinculadas al oficialismo. Este ataque digital incluyó más de 170 tuits originales, amplificados con retweets y memes, buscando justificar su detención arbitraria y desacreditar las denuncias sobre su desaparición forzada.
- Es cierto que algunas cuentas que impulsaron #RocíoNoEsSanta pertenecían a una red de cuentas falsas. Estas cuentas, que han publicado mensajes favorables al Ministerio de Comunicación e Información y a Nicolás Maduro, forman parte de una operación respaldada institucionalmente. Muchas de estas cuentas tienen suscripciones a Twitter Blue.
- También es cierto que estas cuentas falsas estaban vinculadas a perfiles que simulaban ser opositores violentos. La misma red relacionada al oficialismo, que amplificó mensajes del ministro Freddy Ñáñez y la etiqueta #RocíoNoEsSanta, publicó contenidos que incitaban al odio, como llamados a “quemar chavistas” en el contexto pos electoral del 28 de julio de 2024. Este tipo de mensajes fue usado para alimentar narrativas de violencia y justificar señalamientos de extremismo por parte de Jorge Rodríguez.
