Rumanía ha vivido recientemente una gravísima crisis política cuyo origen último es una campaña de manipulación política que habría sido, según las autoridades del país, impulsada desde el exterior y que habría tenido lugar en la plataforma TikTok. La gravedad del asunto llevó al Tribunal Constitucional rumano a anular la primera vuelta de las recientes elecciones presidenciales y se han producido numerosas detenciones.
Elecciones y crisis política.
Rumanía, país miembro de la Unión Europea y de la OTAN, celebró el 24 de noviembre de 2024 la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El actual presidente, el liberal Klaus Iohannis, cumplió dos mandatos y, según las leyes rumanas, no podía presentarse a una nueva reelección. En las anteriores elecciones legislativas los dos partidos más votados fueron el socialdemócrata y el liberal. Sin embargo, los dos candidatos que lograron pasar a la segunda vuelta de estas elecciones presidenciales fueron el independiente Călin Georgescu y Elena Lasconi, del partido Unión Salvar Rumanía. Pocos días después de las elecciones presidenciales tuvieron lugar elecciones legislativas. Ningún partido obtuvo la mayoría y el resultado, sin constituir un vuelco electoral como sucedió en las elecciones presidenciales, supuso un ascenso de los partidos más conservadores y euroescépticos.
La segunda vuelta de las elecciones rumanas estaba prevista para el domingo 8 de diciembre. Pero el día 6 el Tribunal Constitucional anuló el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales después de que las autoridades del país detectaran una operación de injerencia extranjera. Según publicó la cuenta oficial del Ministerio de Asunto Exteriores rumano en la red social X (anteriormente Twitter), se trata de un caso de “interferencia extranjera significativa sin precedentes” en el que se produjo “financiación ilegal, amplificación de campañas digitales y ciberataques contra las elecciones presidenciales”.
La decisión fue duramente contestada por los dos candidatos finalistas. Călin Georgescu afirmó que la decisión del Tribunal Constitucional fue un “golpe formalizado”, en el que el Estado de derecho quedó en “coma inducido” y la justicia fue “subordinada al orden político”. Mientras que la candidata Elena Lasconi afirmó que las elecciones deberían haber seguido adelante y que la anulación de la primera vuelta fue “ilegal, inmoral y cruza la esencia de la democracia”. El rechazo a la medida tomada por el Tribunal Constitucional llevó al llamamiento por parte de Georgescu a protestas callejeras que tuvieron escaso eco social.
El gobierno rumano desclasifica documentos sobre el caso.
Las autoridades rumanas desclasificaron documentos de varios organismos de la comunidad de inteligencia del país, incluyendo el servicio de inteligencia rumano (SRI), el servicio de inteligencia exterior (SIE) y el Servicio Especial de Telecomunicaciones (STS). Los documento fueron hechos públicos tras una reunión del Consejo Supremo de Defensa Nacional (CSAT). Esos documentos fueron tratados en la reunión del CSAT y fueron determinantes, tras su desclasificación, para que el Tribunal Constitucional rumano anulara la primera vuelta de las elecciones por unanimidad.
El primer documento, procedente del Ministerio del Interior, señala una “explosión” en el número de visualizaciones de vídeos promovidos por 130 cuentas en la red social TikTok, que, al contrario de lo estipulado por la ley electoral rumana, en muchos casos no estaban rotulados como publicidad electoral pagada. La campaña favorecía al candidato Călin Georgescu y en ella estaba implicado un miembro de la “extrema derecha y ultranacionalista”, al que se identifica como veterano de la Legión Extranjera francesa y organizador de “campamentos paramilitares” donde tiene lugar la “radicalización de jóvenes”. La campaña se llevó a cabo de forma coordinada a través de Telegram y empleando procedimientos detectados previamente en campañas de desinformación rusas en Ucrania, incluyendo estrategias para evitar que se conociera el responsable último.
El segundo documento es una nota informativa del servicio de inteligencia exterior rumano que describe las estrategias de desinformación rusas y sus objetivos en Europa. En el caso de Rumanía se trata de un país de la OTAN que mantiene una buena relación con Estados Unidos, es rival de Rusia por ganar influencia en Moldavia y apoya a Ucrania en su guerra contra Rusia. Las narrativas promovidas desde Moscú en Rumanía argumentan que el país ha perdido su soberanía a manos de la UE y la OTAN. Fomentan el descontento con la situación socioeconómica y fomentan la desconfianza hacia las autoridades. El documento menciona las Tácticas, Técnicas y Procedimientos (TTP) de la campaña, que incluye la difusión de vídeos de incidentes y sabotajes que se atribuyen a los refugiados ucranianos para incentivar el miedo y el recelo hacia ellos.
El tercer documento es una nota informativa del servicio de inteligencia rumano que comienza señalando la candidatura de Călin Georgescu había contado, según sucesivas encuestas, con muy poco apoyo popular hasta poco antes de las elecciones. Y a continuación describe el funcionamiento de la campaña lanzada en TikTok y organizada en Telegram.
El tercer documento menciona también que Călin Georgescu había declarado a las autoridades electorales que no había gastado dinero en su campaña. Sin embargo, el ciudadano rumano Bogdan Peșchir (alias “BOGPR”) gastó considerables cantidades de dinero, que no concuerdan con su tren de vida, en promover la candidatura de Georgescu y en enrolar a influencers rumanos a promoverla mediante pagos canalizados vía una empresa sudafricana.
El cuarto documento, una nota informativa del servicio de inteligencia rumano, repasa diferentes actividades en Internet. Revela la aparición de credenciales (usuario y contraseña) de entidades públicas rumanas “dentro de plataformas de cibercrimen rusas” y menciona casos de intrusión ilegítimas. Los ataques cibernéticos sufridos por las entidades públicas rumanas se atribuyen a un atacante “que dispone de recursos considerables, lo que se correlaciona con un modo de operación específico de un atacante estatal”. También se aborda la campaña de apoyo al candidato Călin Georgescu en la plataforma TikTok, a la que se requirió que eliminara los vídeos no marcados como propaganda electoral, algo que contravenía las leyes rumanas. De esta manera, los vídeos de apoyo a Georgescu fueron vistos masivamente por el público rumano (se menciona que llegaron a ser el noveno contenido más consumido en TikTok mundialmente), mientras los vídeos del resto de candidatos cuyas campañas sí cumplían la ley eran sometidos a los filtros de la plataforma. La nota menciona que la campaña fue coordinada desde Telegram y Discord por personas que “demuestran un muy buen conocimiento de las políticas de seguridad de TikTok, teniendo los conocimientos necesarios para eludirlas”.
Por último, la nota informativa del Servicio Especial de Telecomunicaciones (STS) asegura que el sistema informático y las redes de comunicaciones empleadas en el recuento de votos no se vieron comprometidas. Previamente, el STS había informado en la reunión del Consejo Supremo de Defensa Nacional del 24 de noviembre que “el número y la complejidad de los ataques habían aumentado a medida que se acercaban las elecciones”.
La justicia rumana actúa.
La anulación del resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales por parte del Tribunal Constitucional rumano tuvo lugar en paralelo a otras acciones de la justicia del país. El jueves 4 de diciembre la Fiscalía junto al Tribunal Superior de Casación y Justicia anunciaron la apertura de un caso a Călin Georgescu por “posibles violaciones de la legislación electoral y la comisión de otros delitos conexos”. Estos últimos delitos serían el “blanqueo de capitales relacionados con posibles ilegalidades relacionadas con el origen y uso de las sumas de dinero utilizadas para la financiación ilegal de la campaña electoral”, según informaba el periodista Bogdan Constaninescu en el portal Aktual 24.
Al día siguiente, el jueves 5 de diciembre, la Comisión Europea anunció que “había intensificado su supervisión de TikTok en virtud de la Ley de Servicios Digitales” y que había ordenado a la plataforma que “que congele y conserve los datos relacionados con los riesgos sistémicos reales o previsibles que su servicio podría plantear en los procesos electorales y el discurso cívico en la UE”, haciendo referencia el comunicado de forma explícita a los acontecimientos sucedidos en Rumanía.
La Comisión Europea informó también que el centro rumano-búlgaro (BROD) del Observatorio Europeo de Medios Digitales había identificado violaciones de la ley electoral rumana, como la difusión de propaganda electoral no identificada como tal a través de influencers, además de “la sospecha de un comportamiento no auténtico coordinado”. Como parte de la investigación sobre el caso, la Comisión Europea emitió una solicitud de información urgente que la plataforma TikTok debía responder en 24 horas.
TikTok es una plataforma de origen chino, propiedad de la empresa ByteDance Ltd. Según recoge el South China Morning Post, su responsable global de producto, autenticidad y transparencia, Brie Pegum, declaró que la empresa había colaborado estrechamente con las autoridades rumanas en prevenir la actividad fraudulenta antes de las elecciones, habiendo borrado 66.000 cuentas falsas, 7 millones de “me gusta” falsos y prevenido otros 40 millones adicionales. Además, informó de que la empresa había borrado 10 millones de seguidores falsos de la plataforma había bloqueado 216.000 cuentas de spam y que había borrado 1.000 cuentas falsas que pretendían que fingían representar a candidatos políticos rumanos.
This morning in Brașov at Bogdan Peschir house, the man that financed Călin Georgescu’s TikTok presidential campaign with reportedly $350.000 pic.twitter.com/UV6zENTRxu
— RoINTEL (@RoINTEL) December 7, 2024
La plataforma TikTok fue precisamente origen de la fama de Bogdan Peșchir (alias “BOGPR”). En ella se hizo célebre por repartir miles de euros a otros creadores de contenidos cuya reacción de júbilo servía para crear vídeos altamente viralizables. De ahí que a “BOGPR”, que se mantuvo por largo tiempo anónimo y se le relacionaba con el sector de las criptodivisas, se le llamara el “rey de TikTok”. Sin embargo, como cuenta la prensa rumana recoge el periodista Damián Leloup para el diario francés Le Monde, el origen de su fortuna es incierto. Después de que su identidad real fuera revelada, la prensa rumana mostró dos coches de lujo en su vivienda y se informó que existe una empresa llamada Digital On-Ramp Solution registrada a su nombre, pero carece de empleados y actividad económica.
El sábado 7 de diciembre las fuerzas de seguridad rumanas registraron varias viviendas en Brașov en el transcurso de la investigación sobre financiación ilegal durante la pasada campaña electoral. La televisión pública rumana TVR especificó que el centro de la investigación es Bogdan Peșchir, del que se sospecha dedicó más de un millón de euros en promover la candidatura de Călin Georgescu a través de la plataforma TikTok. La propia plataforma habría revelado que Bogdan Peșchir habría repartido a otros usuarios 381.000 euros entre el 24 de octubre y el 24 de noviembre de 2024, según informó Pro TV News.
El domingo 8 de diciembre fue detenido Horațiu Potra, veterano de la Legión Extranjera y que fue ubicado en la región congolesa de Kivu Norte por la publicación francesa Africa Intelligence en enero de 2023. Su actividad en la República Democrática del Congo consistía en asesorar al ejército en su lucha contra el grupo insurgente M23, actividad que llevaba a cabo con otros veteranos de la Legión Extranjera y sin el beneplácito del gobierno francés. En abril de 2024 dio una entrevista sobre su experiencia después de dejar la Legión Extranjera trabajando, según él, en tareas de formación y seguridad en países como República Centroafricana y Sierra Leona. Potra también dio cuenta de su actividad en República Democrática del Congo en su propia cuenta de la red social Instagram, habiendo iniciado una campaña política como candidato a la alcaldía de la ciudad rumana de Mediaș por el Partido Patriótico.
En el registro de las propiedades de Potra se encontraron dos millones de euros en diferentes divisas. Después del registro y su paso a disposición judicial, el juez decretó su libertad, pero le obliga a llevar un brazalete electrónico, no abandonar los límites del condado de Sibiu, abstenerse de participar en actos políticos, se le prohíbe portar armas y debe informar mensualmente a las autoridades sobre sus medios de subsistencia. A Potra se le acusa de incumplir la ley rumana sobre tenencia de armas, municiones y artículos pirotécnicos, siendo detenido en el momento en que se dirigía a Bucarest en un vehículo en el que acompañaba un empleado de su empresa. A bordo del vehículo se encontraron armas de fuego, armas blancas y dinero en varias divisas. Se investiga si Potra acudía junto con varias personas de su entorno a la capital de Rumanía a unirse a las protestas por la anulación de las elecciones llevada a cabo por el Tribunal Constitucional. Otras 18 personas de su entorno fueron detenidas mientras que en la red social X diferentes usuarios han relatado que a lo largo y ancho de Rumanía se han producido detenciones de activistas de ultraderecha por incitar a la violencia tras la reciente crisis política.
A la espera de la investigación judicial, un preocupante precedente.
Estamos ante un caso cuya investigación judicial sigue abierta y de la que sólo hemos visto una parte de la información manejada por las autoridades rumanas. Esto quiere decir que sólo podremos entender la verdadera magnitud y complejidad del caso en un futuro. Sin embargo, la anulación de unas elecciones en un país democrático de la Unión Europea supone una novedad, que más allá de los fundamentos jurídicos y garantías constitucionales, supone una severa llamada de atención.
Los elementos implicados en la crisis rumana son de sobra familiares, incluso salvando las distancias culturales y políticas. Nos encontramos ante importantes capas del electorado hastiadas de los políticos de partidos mayoritarios y de los medios de comunicación tradicionales que han encontrado en las redes sociales una ventana alternativa al mundo. En el caso rumano fue posible mediante una importante inyección de dinero desde el exterior y saltándose las leyes electorales del país, inflar el alcance de un candidato que poco antes de las elecciones era irrelevante políticamente. La fórmula, con adaptaciones locales, puede volver a ser repetida en otros lugares de Europa.
