Marruecos no es Canadá. Por qué Europa debería reservar su máxima confianza estratégica para aliados como Ottawa.

Ceuta 30J · incursiones navales · Pegasus · último informe de Amnistía Internacional · Canadá y SAFE. Marruecos es un vecino necesario. Canadá es el tipo de socio al que Europa puede abrir su arquitectura de defensa e inteligencia con un nivel superior de confianza. Cooperación no equivale a confianza preferente.

Un socio necesario no es automáticamente un socio de confianza

Europa necesita cooperar con Marruecos. Su posición geográfica, su cooperación antiterrorista, el control de rutas migratorias y su peso económico en el Magreb hacen imposible una política europea seria que prescinda de Rabat. Pero esa necesidad no resuelve otra cuestión: qué nivel de confianza debe concederse a un tercer Estado cuando hablamos de defensa, inteligencia, ciberseguridad, infraestructuras críticas o cadenas de suministro estratégicas.

La propia Unión Europea definió en enero de 2026 a Marruecos como un socio “altamente estratégico y clave” y pidió seguir reforzando una relación “rica, multidimensional y privilegiada”. Esa decisión política debe leerse ahora a la luz de lo ocurrido después.

30J: una frontera exterior europea que quedó desbordada

Los días 30 y 31 de julio de 2026 entraron en Ceuta más de 70.000 personas, una cifra que el propio Gobierno calificó de inédita. La Moncloa publicó posteriormente 40 documentos y comunicaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, CNI y CIFAS para permitir reconstruir qué información existía antes y durante la crisis.

En una entrevista posterior, Pedro Sánchez explicó que durante unas diez horas la capacidad de contención marroquí fue claramente inferior a la que se observaría después y afirmó que se produjeron más de 141 muertes en las costas de Ceuta y en la frontera con Marruecos. El Gobierno mantiene que no dispone de una prueba concluyente que permita afirmar que Rabat organizó deliberadamente la entrada masiva. Esa ausencia de atribución no elimina la vulnerabilidad estructural: una frontera exterior de la UE puede quedar extraordinariamente expuesta cuando falla la cooperación del vecino.

Captura editorial · La Moncloa: documentación sobre la crisis de Ceuta

La dimensión naval: el 30J ya no puede leerse solo como una crisis migratoria

El 12 de octubre se conoció que buques de la Marina Real marroquí habían entrado sin autorización en aguas españolas próximas a Ceuta durante aquellos mismos días. Reuters recogió la confirmación de Pedro Sánchez. El País publicó que al menos una fragata y varias patrulleras penetraron repetidamente en aguas bajo soberanía española y que la Armada respondió con el BAM Rayo y las fragatas Santa María y Navarra.

Las fuentes citadas por El País evitaron afirmar que las incursiones navales estuvieran coordinadas con la llegada masiva de migrantes. Ese vínculo no está demostrado y no debe presentarse como hecho. Pero la coincidencia temporal de una crisis fronteriza de escala excepcional y de entradas de unidades militares de un Estado vecino en aguas españolas sí es un factor de riesgo que una política de seguridad seria no puede tratar como irrelevante.

Captura editorial · El País: incursiones de buques marroquíes

De la presión fronteriza a la posible infiltración operativa

Las informaciones publicadas a finales de septiembre y durante octubre introducen una dimensión distinta. Ya no se limitan a la gestión de la frontera o a la pasividad temporal de las fuerzas marroquíes: describen la posible presencia de personal militar marroquí en Ceuta y su participación en tareas de coordinación. Estas afirmaciones proceden de investigaciones periodísticas basadas en fuentes militares, policiales y documentos clasificados a los que los periodistas dicen haber tenido acceso; no equivalen a una atribución pública y oficial del Gobierno español.

El 28 de septiembre, EL ESPAÑOL informó de que tres informes de Inteligencia del Ejército habrían identificado a 72 militares marroquíes en Ceuta: 22 vinculados a los servicios de inteligencia de Rabat y 50 militares en activo. Según el diario, los documentos los describen como «centros de gravedad» para coordinar asentamientos, valorar puntos vulnerables, observar la reacción de las fuerzas españolas y favorecer acciones destinadas a generar desorden.

Captura editorial · EL ESPAÑOL: informes de Inteligencia sobre 72 militares marroquíes · Abrir fuente

El 7 de octubre, EL ESPAÑOL publicó que la Policía Nacional había identificado en la playa del Trampolín a entre 12 y 14 personas que reconocieron ser militares marroquíes. Los identificados afirmaron ser desertores y posteriormente regresaron a Marruecos. Este episodio constituye una corroboración parcial de presencia de personal militar, pero no demuestra por sí mismo una cadena de mando ni una misión estatal.

Captura editorial · EL ESPAÑOL: militares identificados en la playa del Trampolín · Abrir fuente

El 13 de octubre, EL ESPAÑOL añadió un elemento de mayor gravedad. El periódico afirma, a partir de un atestado y de fuentes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil, que militares marroquíes infiltrados habrían participado en la coordinación de la emboscada de Benzú del 27 de agosto. Unas 70 personas atacaron a una patrulla de cuatro soldados españoles con piedras y palos; uno de los doce detenidos reconoció ser militar en Marruecos, aunque no quedó establecido públicamente si seguía en activo.

Captura editorial · EL ESPAÑOL: investigación sobre la emboscada de Benzú · Abrir fuente

Europa empieza a utilizar otra palabra: «guerra híbrida»

El Partido Popular Europeo ha publicado un documento específico sobre la crisis de Ceuta que endurece significativamente el lenguaje político europeo. El texto del PPE condena la «agresión contra un territorio europeo», sostiene que las autoridades marroquíes son responsables «por acción u omisión» porque la entrada se produjo desde su territorio y califica los acontecimientos como «guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro».

El PPE reclama además una investigación independiente para identificar a las personas y entidades que instrumentalizaron la migración, un despliegue permanente de Frontex en Ceuta y Melilla y un sistema europeo reforzado de alerta temprana. No se trata de una resolución de las instituciones de la UE ni de una atribución jurídica, pero sí de un cambio relevante en el marco político: una de las principales familias políticas europeas ya interpreta la crisis dentro del repertorio de amenazas híbridas.

Captura editorial · Partido Popular Europeo: la crisis de Ceuta como «guerra híbrida» · Abrir fuente

Pegasus: la confianza tecnológica sigue teniendo una sombra

El Parlamento Europeo concluyó en 2023 que existían “fuertes indicios” de que, entre otros, los gobiernos de Marruecos y Ruanda habían utilizado spyware contra ciudadanos europeos de alto nivel. Entre las personas citadas figuraban el presidente del Gobierno de España, la ministra de Defensa y el ministro del Interior. El informe PEGA subrayó, al mismo tiempo, que la información disponible sobre los ataques contra los dispositivos españoles era limitada.

Por tanto, la atribución marroquí del espionaje a los máximos responsables españoles no está judicialmente establecida. Pero en una discusión sobre confianza estratégica, la existencia de esos indicios institucionales importa: defensa e inteligencia exigen estándares más altos que una mera relación diplomática funcional.

Captura editorial · Parlamento Europeo: investigación PEGA

El informe de Amnistía de octubre de 2026 cambia el contexto

El 1 de octubre, Amnistía Internacional publicó “Empezamos por la sentencia: dentro de la maquinaria de vigilancia de Marruecos”. La investigación describe un ecosistema de vigilancia que, según la organización, permite a las autoridades acosar, desacreditar y silenciar a defensores de derechos humanos, periodistas y otras voces críticas.

Amnistía identifica a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) como responsable del despliegue de Pegasus en Marruecos y afirma haber documentado y atribuido forénsicamente múltiples abusos contra activistas y periodistas entre 2017 y 2021. El informe se apoya en el testimonio de un exempleado de la DGST, análisis técnicos, registros filtrados e información de procedimientos judiciales. Rabat había negado anteriormente las acusaciones relacionadas con Pegasus.

El informe anual de Amnistía sobre Marruecos y el Sáhara Occidental añade un contexto más amplio: la organización sostiene que se intensificó la represión de la libertad de expresión y la disidencia pacífica y que periodistas y defensores siguieron afrontando procesos, intimidación y vigilancia digital. Estas son evaluaciones de Amnistía, no sentencias, pero forman parte del análisis de riesgo de cualquier asociación basada en confianza.

Captura editorial · Amnistía Internacional: informe sobre la vigilancia en Marruecos

Canadá ofrece otro modelo de socio estratégico

La comparación con Canadá no pretende sugerir que Ottawa pueda sustituir geográficamente a Rabat. Canadá no controla la frontera de Ceuta ni opera en el Magreb. La comparación sirve para definir qué debería significar la palabra “confianza” cuando Europa abre su arquitectura industrial y de defensa a terceros países.

En junio de 2026, Canadá se convirtió en el primer país no europeo que participa en el instrumento SAFE. El Consejo de la UE calificó a Canadá como “uno de los aliados más cercanos” y afirmó que su participación evidencia la “profunda confianza” entre ambas partes. El acuerdo incluye compromisos sobre seguridad de suministro, exportaciones y acceso a productos de defensa. Canadá es además aliado de la OTAN y mantiene una Asociación de Seguridad y Defensa con la UE.

Canadá representa, por tanto, un modelo de integración estratégica basado en instituciones, alianzas, reciprocidad y obligaciones verificables. Marruecos representa otra categoría: un vecino imprescindible con el que Europa debe cooperar, pero cuya relación exige mecanismos de verificación, resiliencia y límites claros.

Captura editorial · Consejo de la UE: Canadá y SAFE

Conclusión: cooperación sí; equiparación de confianza, no

La cuestión no es si Europa debe relacionarse con Marruecos. Debe hacerlo. La cuestión es si esa necesidad justifica colocar a Rabat en el mismo nivel de confianza estratégica que aliados como Canadá cuando están en juego defensa, inteligencia, ciberseguridad o tecnologías sensibles.

El 30J, las incursiones navales conocidas en octubre, los informes periodísticos sobre personal militar marroquí identificado en Ceuta, la investigación sobre la emboscada de Benzú, la posición del PPE que califica la crisis como «guerra híbrida», la investigación de Amnistía sobre la DGST y el precedente Pegasus forman un conjunto demasiado denso como para evaluar la relación únicamente desde el prisma de la cooperación migratoria o comercial. Ninguna pieza aislada prueba una estrategia estatal única; la acumulación sí obliga a revisar el nivel de confianza y dependencia.

Para Monitor Disinfo, la formulación más defendible es sencilla: Marruecos debe seguir siendo un socio operativo esencial, pero la máxima categoría de confianza europea debería reservarse a aliados con mecanismos verificables de reciprocidad, seguridad jurídica y control institucional. Canadá representa mejor ese estándar. En el caso marroquí, la sucesión de episodios fronterizos, militares, tecnológicos e informativos exige condicionalidad, resiliencia europea y una evaluación permanente de riesgos.

Nota metodológica y de atribución

Este texto diferencia hechos confirmados de hipótesis. La entrada de más de 70.000 personas en Ceuta está reconocida oficialmente por el Gobierno español. La entrada de buques marroquíes en aguas españolas fue confirmada por Pedro Sánchez y documentada por Reuters y El País.

No existe evidencia pública que permita afirmar que el flujo migratorio del 30J, las incursiones navales y las actividades atribuidas a personal militar marroquí formaran parte de una única operación coordinada por Rabat. Las informaciones sobre 72 militares, los 12-14 identificados en el Trampolín y la emboscada de Benzú proceden de EL ESPAÑOL y de las fuentes y documentos a los que el medio afirma haber accedido. Deben tratarse como información periodística de alto interés, no como una atribución oficial desclasificada.

Amnistía Internacional sí atribuye a la DGST el despliegue de Pegasus en Marruecos y múltiples abusos contra activistas y periodistas. Esa atribución corresponde a la investigación de Amnistía y debe citarse como tal.